Dos mociones mantienen congelado desde hace un año el proyecto de ley que promueve el uso prioritario del software libre en las instituciones públicas. Dichas mociones de avocación, las cuales devuelven el proyecto del plenario a la comisión que lo dictaminó, fueron presentadas por las diputadas Alicia Fournier (PLN) y Xinia Espinoza (PLN)
No es la primera vez que la iniciativa, cuyo expediente es el 16912, sufre atrasos en los cinco años que lleva dando vueltas entre el plenario y la Comisión de Ciencia y Tecnología. El diputado independiente, Carlos Góngora, también presentó una moción pero luego la retiró.
La diputada Espinoza afirmó que el proyecto carece de claridad en los beneficios de costos en cuanto a mantenimiento y preparación de personal para la utilización de este software.
"Es cuestión de responsabilidad. No pude ver una clara comparación de los beneficios y desventajas. Si se me aclara esa duda retiraría la moción en los próximos días", dijo la diputada.
Se trató de contactar a Alicia Fournier para conocer sus razones, mas no fue posible.
Con la idea del ahorro. El proyecto de ley especifica que por concepto de pagos de licenciamiento se gastan "importantes sumas de dinero". Estos recursos podrían utilizarse para mejorar los procesos en las instituciones o para otros gastos.
Hasta ahora no existen datos completos sobre el gasto total del Estado en software. Alicia Avendaño, directora de Gobierno digital, explicó que no existía (antes de la plataforma Merlink) una cuenta de gasto estándar para registrar si se compra licencias o software.
De acuerdo al proyecto de ley, solo en 2007 el AyA gastó ¢100 millones para adquirir el 50% de los requerimientos por licencias.
La iniciativa no supone que los paquetes de software licenciados queden prohibidos, sino que las organizaciones que los utilicen deban justificarlo de acuerdo con la nueva política.
En los últimos años algunas entidades han empezado a utilizar software de código abierto para funciones tales como sistemas de gestión de contenidos, desarrollo de páginas web y soluciones de monitoreo. El Ministerio de Ciencia y Tecnología figura como una de ellas.
Discusión, ¿sin sentido? Software libre no puede entenderse como gratuito, sino que es libre de ser ejecutado, copiado, distribuido y mejorado por quien conozca su código informático, por lo que podría ser adaptado a las necesidades de las instituciones públicas.
Para algunos, la principal preocupación derivada de este tipo de sistemas, es la seguridad. No obstante, sus defensores aseguran que errores los técnicos pueden ocurrir en cualquier modelo.
"En software libre es transparente, se resuelve más rápido porque se conoce el código, en el cerrado dependería de la entidad y prioridad y costo", dijo Oscar Retana, gerente de operaciones de Gridshield, firma costarricense especializada en plataformas abiertas.
La propuesta de ley detalla que en 2004 se reportaron cero fallos de seguridad en los productos de software libre, no así con los programas propietarios.
Por su parte, Eduardo Núñez, gerente de estrategias de plataforma de Microsoft señaló que la discusión entre software privado y software libre pierde relevancia.
"La discusión de valor busca resolver cómo trabajamos en conjunto y cómo interoperamos, buscando aumentar la eficiencia y reduciendo costos a través de la Nube", afirmó Núñez.
En otros países. El proyecto de Ley, planteado desde 2008, sigue el patrón de países europeos como Holanda donde la Oficina de Proveeduría del Gobierno emitió una guía para todo el sector público para la adquisición de software libre.
Así también, países como Ecuador, y Brasil tienen políticas públicas para la utilización de este tipo de sistemas. Medios internacionales reportaron que solo en 2008, Brasil ahorró unos $167,8 millones por esta decisión.
Además, en 2007 el gobierno de Japón anunció que invertiría 7.000 millones de euros en una iniciativa para eliminar la dependencia de software cerrado.
Fuente: nacion.com
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